Como explica la Fundación, esta Ley, que el pasado mes de diciembre cumplió 15 años, «ha sido una norma legal pionera para afrontar la lacra que supone este tipo de violencia hacia las mujeres, pero dado el tiempo transcurrido necesita ser reforzada y ampliada para que resulte realmente eficaz en el caso de las mujeres y niñas con discapacidad que sufren estos estragos».

 

Desde el momento de su aprobación, la Ley significó el inicio de una acción legislativa y de una política pública específica contra la violencia hacia las mujeres que, incluso y si bien tímidamente, consideró a las mujeres con discapacidad.

 

Sin embargo, como indica la Fundación CERMI Mujeres, “transcurridos 15 años debe ser reformada para que el marco normativo conciencie, prevenga y defienda a todas las mujeres y niñas, adecuándolo a su realidad de partida y a sus peculiaridades personales y grupales”.

 

No en vano, continúa la Fundación, “las mujeres y niñas con discapacidad deben ser conceptuadas legalmente como grupo femenino especialmente expuesto a la violencia, y merecer una protección reforzada, debiendo incorporar la Ley, con vistas a una próxima y urgente reforma, un enfoque interseccional de género y discapacidad”.

 

En este contexto, y además de la ampliación de las formas de violencia consideradas legalmente como de género –caso de la esterilización no consentida, el aborto coercitivo y la institucionalización forzosa–, la Fundación propone incluir en su ámbito protector a los hijos e hijas, dado que también son víctimas, más aún si presentan una discapacidad; garantizar la accesibilidad universal de todos los mecanismos y recursos de atención y apoyo; e introducir ajustes de procedimiento en los procesos judiciales, administrativos y policiales para que el acceso a la Justicia y la tutela de los derechos a la integridad y a la indemnidad sean efectivos.

 

Fuente: Somos pacientes